Para quienes integramos la Asociación Regional de Profesionales de la Comunicación (AREPROC) resulta trascendental que durante su tercera sesión de Consejo 2010 la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo emitió una recomendación dirigida al Congreso del Estado, por la agresión que sufriera la periodista Verónica Monrory Elizalde del diario Plaza Juárez, e integrante de esta asociación, por parte del regidor panista del Ayuntamiento de Tula Gregorio Domínguez Chávez.
En la derivada del expediente CDHEH-TA-0373-10, informó la CDHEH, la quejosa, quien es reportera del diario ‘Plaza Juárez’, corresponsal en la zona de Tula-Tepeji, narró que “el doce de agosto de 2010, publicó una nota informativa en donde relata un acto de abuso de autoridad por parte de Gregorio Domínguez Chávez, regidor del Municipio de Tula de Allende, quien de manera habitual cuando llega a la alcaldía, deja estacionado su vehículo en lugar prohibido; por lo que al acudir, ese mismo día, a la clausura del curso de verano del Instituto Municipal de la Juventud y encontrarse en el interior del parque ‘la tortuga’…llegó el regidor Gregorio Domínguez Chávez, quien la agredió verbalmente y la amenazó.”
Luego de la investigación, la CDHEH determinó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política mexicana; 19 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y noveno de de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, además del 150 de la Constitución Política del estado de Hidalgo que “…al tratarse de un miembro del Ayuntamiento cuyo origen de su encargo como integrante de ese órgano de gobierno es el voto popular y al encuadrarse los hechos probados en un acto que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en razón de que existe una violación grave de los derechos fundamentales de la periodista al restringir la libertad de expresión se solicita al H Congreso proceder conforme a sus facultades”.
De acuerdo con el comunicado, la CDHEH encontró los hechos violatorios de: “Amenazas, Prestación Indebida de Servicio Público y Violaciones al derecho a la libertad de expresión”, por lo que recomienda “proceder en los términos señalados en la parte final del análisis jurídico de la recomendación y en su caso aplicar la sanción a la que se haga acreedor el regidor Gregorio Domínguez Chávez.”
Los comunicadores no podemos seguir permitiendo que funcionarios escudados en su fueron agredan impunemente a los trabajadores de los medios de comunicación, por el ejercicio de la profesión, por ello, quienes integramos la AREPROC, solicitamos al Congreso del Estado de curso a la recomendación de la CDHEH e inicie a la brevedad el proceso de desafuero del regidor Gregorio Domínguez Chávez a fin de que éste pueda responder a la demanda judicial iniciada por la reportera, por las agresiones recibidas.
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